El paquete de impuestos que anunció el gobierno este miércoles es parte de una política de incremento de los gastos en tiempos de crisis que le llevará a colocar “otras y otras” cargas, declaró el economista Arturo Martínez Moya. “Es (la fijación de impuestos adicionales) fruto de una contrariedad en que se bate el Presidente (Leonel) Fernández. Se va a Alemania y elogia su política económica basada en el control del gasto y al otro día va a Estados Unidos y también le elogia, cuando es todo lo contrario, una economía basada en el aumento del gasto en tiempos de crisis”, observó Martínez Moya.
Hace dos meses, continuó el también vocero de la Comisión de Políticas Públicas del Partido Revolucionario Dominicano, que dijimos que por ahí viene una reforma tributaria. Lo que acaba de anunciar (Vicente) Bengoa es la aplicación de la reforma tributaria, es la aplicación de nuevos gravámenes.
El planteamiento de Martínez Moya en el sentido de que el gobierno está obligado a aplicar una reforma tributaria parte de la existencia de un déficit fiscal que estima en más de 76,000 millones de pesos, “superior a los 47,000 millones que ha permitido el Fondo Monetario Internacional”.
“Ellos (el gobierno) aspiran a que el déficit que le permite el Fondo, de 2.6% del PIB (Producto Interno Bruto) se lo eleven a 2.7%, pero se les dice que si se les aprueba esa elevación requerirán 40,000 millones adicionales”, dijo el economista.
El también catedrático universitario dijo que hasta ahora las autoridades habían financiado el déficit fiscal con RD$22,000 millones de préstamos del exterior, RD$33,000 millones facilitados por la banca local, RD$21,000 millones por concepto de atrasos en los pagos a contratistas de obras del Estado y la retención de los RD$5,800 millones que debieron entregar al Banco Central, “una partida consignada en el Presupuesto Nacional”.
Martínez Moya comentó que la retención de los 5,800 millones del Banco Central “preocupa” al FMI porque influye en una eventual desestabilización macroeconómica.
Para el experto otro factor de presión es que el gobierno se habría comprometido con el FMI a recortar la nómina pública en un 20% “y lo que ha hecho es incrementarla en un 15%.
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